Ley 2573 de 2026: ¿cómo protege la identidad digital en Colombia?
La Ley 2573 del 19 de mayo de 2026 marca un nuevo paso en la forma en que Colombia enfrenta la suplantación de identidad y el fraude digital. Su objetivo es fortalecer la protección de las personas cuando terceros utilizan su información para adquirir productos, solicitar créditos o realizar transacciones sin autorización.
Más allá de establecer nuevas obligaciones para las organizaciones, esta norma reconoce una realidad, la identidad digital se ha convertido en uno de los activos más valiosos en la economía digital y requiere mecanismos de protección más sólidos.
¿Qué cambia con la Ley 2573 de 2026?
La norma aplica para operadores de telecomunicaciones, entidades financieras, compañías de crédito y otros establecimientos comerciales que realizan procesos de vinculación o autorización de operaciones.
Uno de sus principales cambios es que fortalece la protección de las personas que son víctimas de suplantación de identidad, estableciendo mayores responsabilidades para las organizaciones encargadas de verificar la identidad de sus usuarios.
¿Qué obligaciones tienen ahora las empresas?
Uno de los cambios más importantes es la llamada carga dinámica de la prueba.
Cuando una persona reporte haber sido víctima de suplantación de identidad, la organización deberá presentar las evidencias y documentos que demuestren cómo realizó la validación de identidad durante el proceso de vinculación o autenticación.
Además, la ley establece que, mientras se analiza el caso, deberán suspenderse los cobros, intereses y gastos de cobranza asociados con la obligación reportada. La entidad contará con diez días para entregar el expediente correspondiente; de no hacerlo, los hechos reportados por el ciudadano podrán darse por ciertos.
Estas disposiciones hacen que conservar evidencias confiables de cada proceso de autenticación sea cada vez más importante.
¿Por qué la validación de identidad deja de ser una buena práctica?
Durante años, muchas organizaciones incorporaron soluciones de identidad digital como una medida para reducir el fraude o mejorar la experiencia del usuario.
Con la Ley 2573 de 2026, ese enfoque cambia. Las organizaciones deben adoptar medidas de seguridad digital suficientes y razonables para verificar la identidad de las personas y prevenir la suplantación.
Esto implica fortalecer los procesos de validación de identidad, autenticación digital y gestión de evidencias para demostrar que las verificaciones realizadas cumplen con estándares adecuados de seguridad.
En este contexto, tecnologías como la biometría facial, pruebas de vida y los mecanismos avanzados de autenticación adquieren una relevancia cada vez mayor para reducir el riesgo de fraude digital.
¿Qué papel tienen los ciudadanos?
La protección de la identidad de los ciudadanos no depende únicamente de las organizaciones.
Las personas también desempeñan un papel fundamental al proteger su información personal, revisar periódicamente los movimientos realizados en su nombre y reportar cualquier irregularidad de forma oportuna.
Adoptar hábitos como utilizar contraseñas seguras, activar mecanismos de autenticación y evitar compartir información sensible reduce significativamente el riesgo de fraude digital.
La confianza digital se construye cuando empresas y usuarios asumen un compromiso conjunto con la protección y la seguridad en línea.
¿Cómo pueden prepararse las empresas?
La entrada en vigencia de esta norma representa una oportunidad para revisar los procesos de autenticación y fortalecer los mecanismos de prevención del fraude.
Algunas acciones que pueden implementarse son:
- Incorporar soluciones robustas de validación de identidad durante el onboarding de clientes.
- Mantener evidencias completas y trazables de cada proceso de autenticación.
- Revisar periódicamente los mecanismos de seguridad utilizados en canales físicos y digitales.
- Capacitar a los equipos para atender oportunamente reportes de suplantación de identidad.
Más que responder a una obligación legal, estas medidas ayudan a fortalecer la confianza de los usuarios y reducir el impacto económico del fraude.
¿Cuál es el riesgo de no estar preparado?
Más allá de los desafíos regulatorios, una gestión inadecuada de la identidad puede generar pérdidas económicas, afectaciones reputacionales, aumento en los costos operativos y una disminución en la confianza de los usuarios.
La Ley eleva la importancia de contar con procesos robustos de validación de identidad y conservación de evidencias que permitan responder de forma oportuna ante reclamaciones relacionadas con fraude o suplantación.
¿Cómo acompaña OlimpIA el cumplimiento de la normativa?
En OlimpIA ayudamos a las organizaciones a fortalecer sus procesos de identidad digital mediante soluciones que combinan tecnología, trazabilidad y una mejor experiencia para el usuario.
Nuestras soluciones permiten mitigar el riesgo de suplantación de identidad, fortalecer la evidencia de los procesos de verificación y apoyar a las organizaciones en la adopción de medidas alineadas con los nuevos desafíos regulatorios.
¿Su organización está preparada para responder a los nuevos retos de la Ley 2573? Estamos listos para apoyarlo y fortalecer sus procesos. Agendemos una reunión.
Lo que más consultan sobre la Ley 2573 de 2026
¿Qué busca la Ley 2573 de 2026?
Fortalecer la protección de las personas frente a la suplantación de identidad y establecer mayores responsabilidades para las organizaciones en los procesos de validación de identidad.
¿Qué empresas deben cumplir la norma?
La ley aplica a operadores de telecomunicaciones, entidades financieras, compañías que otorgan crédito y otros establecimientos comerciales que realizan procesos de vinculación o financiamiento.
¿Qué significa la carga dinámica de la prueba?
Significa que la organización debe demostrar cómo verificó la identidad del usuario y presentar las evidencias que respaldan ese proceso cuando exista un reporte de suplantación de identidad.
¿Por qué es importante fortalecer la identidad digital?
Porque una identidad digital protegida reduce el riesgo de fraude, mejora la confianza de los usuarios y facilita el cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas por la Ley 2573 de 2026.