La rapidez de los ciberdelincuentes obliga a actuar en cuestión de pocos días.
La economía digital avanza sobre un principio fundamental, la confianza. Cada apertura de cuenta, solicitud de crédito, contratación de servicios o trámite en línea parte de una premisa fundamental, que la persona al otro lado de la pantalla sea quien dice ser.
Cuando esa certeza falla, las consecuencias van mucho más allá de una pérdida económica, pues se afecta la reputación de las organizaciones, estabilidad de los negocios y confianza de los ciudadanos en el entorno digital.
Las cifras reflejan la magnitud del desafío. De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, desde el 2020 se han registrado más de 40.000 denuncias relacionadas a suplantación en el país. El fenómeno ha impactado especialmente a sectores de alta transaccionalidad como las telecomunicaciones, servicios financieros y comercio, demostrando que la identidad digital se ha convertido en uno de los activos más expuestos frente al fraude.
Lo verdaderamente preocupante es que la sofisticación de las amenazas digitales avanza al mismo ritmo que la tecnología apalancada por el uso de la inteligencia artificial. Los ciberdelincuentes ya no necesitan únicamente obtener un documento físico o interceptar un código de verificación, también pueden utilizar imágenes sintéticas, replicar la voz, implementar técnicas avanzadas de ingeniería social e intentar vulnerar controles tradicionales de autenticación por medio de la automatización.
Frente a esta realidad, Colombia ha dado un paso decisivo con la expedición de la Ley 2573 de mayo de 2026, una normativa que viene marcando un cambio de paradigma en la forma de abordar la suplantación de identidad; más allá de establecer mecanismos de protección para las víctimas, la ley envía un mensaje contundente al sector empresarial, la validación de identidad dejó de ser una buena práctica para convertirse en una responsabilidad esencial dentro de los procesos digitales. En otras palabras, desplaza el foco de la reacción hacia la prevención.
Durante años el esfuerzo se concentró en resolver los efectos del fraude una vez ocurría, actualmente el desafío consiste en evitar que suceda desde el inicio de la relación con el usuario. Para lograrlo, las organizaciones necesitan evolucionar hacia modelos de validación de identidad más robustos, capaces de combinar distintas capas de seguridad, tecnologías como la biometría facial con prueba de vida, validación documental automatizada, consulta frente a fuentes oficiales y análisis inteligente de señales de riesgo con IA, que permitan elevar significativamente los niveles de confianza sin afectar la experiencia digital de los ciudadanos.
En este escenario regulatorio, contar con aliados especializados en identidad digital se convierte en un elemento estratégico para las organizaciones, ya que no solo facilita el cumplimiento normativo, sino que permite construir procesos de autenticación y transacción basados en evidencia, trazabilidad y altos estándares de seguridad.
Desde OlimpIA, como expertos en identidad digital, creemos que la validación es la base de una economía digital más segura; por eso, verificar correctamente a las personas deja de ser una buena práctica para convertirse en una responsabilidad empresarial.
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